Desde la cárcel y penitenciaría de Cúcuta, donde el martes 14 de julio se registró el primer caso de COVID-19 en una dragoneaste, nos informan algunas personas privadas de la libertad, lo siguiente:
Al parecer la Dragoneante enferma sabía días antes que su esposo estaba enfermo de COVID-19, y aún así decidió seguir asistiendo.
Ante las críticas por esto de algunas internas que habían estado en contacto con la dragoneaste del INPEC, otras dragoneasteis manifestaron que «todas ellas (las privadas de la libertad) debían enfermarse»…
Es muy preocupante que no haya controles adecuados para garantizar que las personas que trabajan en prisión y que han estado en contacto con personas enfermas de COVID-19 no ingresen al centro penitenciario y carcelario, poniendo en riesgo la vida de todas las personas que no pueden salir de allí, y que se encuentran en condiciones de hacinamiento y de pésima o nula atención en salud; además de las dificultades de salubridad.
Pero es sobre todo muy triste e indignante que también en esta oportunidad se vea la insensibilidad, poca empatía del personal de guardia del INPEC, y de las autoridades penitenciarias, que en nuestro país tienen una triste tradición de considerarse verdugos y verdugos de las personas privadas de la libertad, antes que servidores y servidoras públicas que deben garantizar sus derechos.